(SLT-FAUBA) Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los derechos de propiedad intelectual (PI) fomentan la innovación y la difusión de los conocimientos, y equilibran las necesidades sociales con los intereses de los inventores. En países industrializados representa una proporción sensible del PBI. Sin embargo, un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) mostró que en nuestro país, el 68% de los científicos orientados al desarrollo tecnológico ignora cómo y con qué herramientas proteger sus creaciones, o cuáles son las leyes vigentes. El 32% restante sólo posee nociones básicas en la materia. ¿Las causas? Principalmente, no haber recibido ningún tipo de formación sobre PI durante sus estudios universitarios.
La carrera de Biotecnología es eminentemente práctica. Fabián Shalom, biotecnólogo, eligió profundizar sus conocimientos en propiedad intelectual.
“Le planteamos un cuestionario sobre PI a un grupo de 173 científicos, incluyendo biotecnólogos, biólogos y genetistas. Como son actores clave del desarrollo tecnológico del país quisimos conocer cuánto sabían de PI y de qué forma protegían sus creaciones. Nuestros resultados pusieron en evidencia que la gran mayoría desconoce ampliamente la temática. Apenas un 25% del total supo para qué servía la PI”, dijo Fabián Shalom, Licenciado en Biotecnología y recientemente egresado como Magister Scientiae en Agronegocios en la Escuela para Graduados de la FAUBA.
Según Shalom, los científicos señalaron que su desconocimiento sobre PI se debía a no haber recibido formación alguna en el tema durante sus estudios de grado. “Nuestro estudio reveló un vacío importante en cuanto a la formación profesional en PI. Analizamos las currículas de cuatro carreras diferentes de licenciatura en biotecnología, pertenecientes a universidades públicas y privadas, y detectamos que casi no incluyen asignaturas específicas en propiedad intelectual. Las pocas materias que se dictan suelen ser optativas y únicamente se centran en las patentes”.
De patentes y otras yerbas
“Cuando empezamos a ver qué herramientas conocían los científicos encuestados para proteger sus creaciones, vimos que el 35% no conocía ninguna. Del resto, el 94% conocía las patentes, el 51% los derechos de autor y el 25% el secreto comercial, las marcas, los derechos de obtentor o los modelos de utilidad”, sostuvo Shalom.
Para el caso de los cultivares vegetales, la forma de protección de la propiedad intelectual en la Argentina es el derecho de obtentor, que tiene ciertas diferencias respecto a las patentes —afirmó Gustavo Schrauf, docente de la Cátedra de Genética de la FAUBA—. Cuando iniciamos los programas de mejoramiento comenzamos a aprender empíricamente; hubo cierto acompañamiento inicial de los profesionales del Instituto Nacional de Semillas (INaSe), quienes al conocer nuestros trabajos nos estimularon a generar propiedad intelectual. El INaSe es el organismo del Estado que se encarga de llevar los registros de cultivares y de la propiedad de los cultivares, y sus profesionales son los encargados de supervisar las inscripciones. El titular de las “obtenciones” es la UBA, y cuando se comercializan estas obtenciones, una parte de las regalías vuelven al grupo de trabajo obtentor.
Fabián comentó que no es posible proteger un desarrollo tecnológico, de principio a fin, con una sola herramienta. “Cada una de ellas es útil en un momento diferente dentro del proceso de investigación. Sin embargo, en cada caso hay que ser precavido. Por ejemplo, un problema muy frecuente es divulgar información sobre una creación —en un congreso, en una presentación pública o en un paper— antes de solicitar la patente. Ese trámite debe ser realizado previamente. Si se revela el secreto, la innovación ya no puede ser protegida”.
“Una vez que está presentada la solicitud de patente, el investigador puede dar a conocer tranquilamente sus resultados o publicar los trabajos científicos que desee. Una vez protegida su creación intelectual, puede disponer de ese conocimiento para usarlo a su voluntad, incluso para negociar de forma segura con empresas el financiamiento que necesite para continuar con el proceso de investigación. Normalmente, esto es a cambio de licencias”, señaló el investigador.
Visiones contrapuestas
Fabián Shalom contó que su estudio, además de científicos, también incluyó entrevistas a otros actores clave como son los gestores de PI y los decisores frente a proyectos de base tecnológica. “Las visiones de los diferentes grupos de profesionales difirieron entre sí. Por ejemplo, los únicos que destacaron la función social de estas herramientas fueron los gestores de PI, que son técnicos de distintas áreas del sector público y del privado. Esto es llamativo, puesto que tanto la OMPI como la legislación destacan que una de las bases de la PI es su función social”.
La forma de proteger los mejoramientos vegetales en la Argentina es el derecho de obtentor. Foto: biovegen.org.
“En relación a si la PI fomenta o no el avance de la ciencia, las opiniones de los científicos estuvieron divididas, ya que muchos consideraron que estas herramientas son nada más que una forma de lograr un beneficio económico. Esta posición se complementa con la visión de los otros grupos, quienes hablaron de un círculo virtuoso en el que la PI permite aumentar los márgenes de ganancia, recuperar más rápido las inversiones y volver a invertir en los proyectos. Es decir, mantiene la rueda girando”, comentó Fabián.
En cuanto a capacidad de la PI para atraer capitales —para la OMPI, un fin de la legislación— el estudio mostró que los decisores (en su mayoría gerentes, CEOs y ejecutivos de empresas de base tecnológica) y los gestores de CyT creen que esto es posible. En este sentido, el investigador aclaró: “Si bien ambos grupos respondieron de forma positiva, los decisores opinaron que no es factible en nuestro país. Ellos sostuvieron que para lograr inversiones, primero se debe contar con un entorno jurídico estable, que no cambie las reglas de juego cada tanto. Y eso no estaría sucediendo hoy en la Argentina”.
“Por último, al preguntar acerca de la legislación argentina en la materia, detectamos que los gestores de la PI están convencidos de que se ajusta a los estándares y convenios internacionales. Por su parte, los científicos encuestados opinan todo lo contrario: faltan leyes. Desde mi punto de vista, el problema principal es el desconocimiento general y la falta de formación en propiedad intelectual”, sostuvo Shalom.
Un (re)cambio generacional
En nuestro país, el Instituto Nacional de Semillas (INaSe) es el órgano de aplicación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. Su misión es promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar al productor agrario la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas.
“Si bien dentro de los resultados y conclusiones del trabajo vimos en general un nivel muy bajo de conocimientos en protección de la PI, también encontramos como aspecto positivo la ocurrencia de un recambio generacional. Para las encuestas dividimos a los científicos en tres grupos: junior, semi-senior y senior. Y ese fue el orden en nivel de conocimientos: los junior mostraron mejor formación que los semi-senior, y éstos, que los senior”, puntualizó Fabián, y añadió: “También es justo destacar que el 93% de los científicos reclamó formación en propiedad intelectual”.
“Otro aspecto positivo —dijo Shalom— fue que en nuestra muestra, los que más formación en PI tenían eran los que más la necesitaban. Es decir, los científicos que trabajan en ciencias aplicadas y que tienen más necesidad de proteger sus creaciones, como los biotecnólogos, mostraron un nivel de conocimiento de PI más alto que los de otras carreras universitarias más básicas, como biólogos o genetistas. Estos resultados son indicios de que algo está cambiando”.
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