(SLT-FAUBA) En la última década, la percepción de que los esfuerzos estatales para conservar la biodiversidad y los recursos naturales (RRNN) en América Latina eran escasos o ineficaces hizo aparecer en escena una nueva alternativa: el pago a quienes proveen servicios ecosistémicos (SE), en compensación por los costos que les genera proveerlos. Un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) analizó 60 proyectos que incluían instrumentos económicos basados en mercados para la conservación (IEBMC) en Latinoamérica. Sus resultados mostraron que sólo el 43% fue ambientalmente efectivo y que el 83% no fue socialmente equitativo. Los investigadores debaten pros y contras de estos instrumentos.
“No hay suficiente evidencia de que los instrumentos económicos para la conservación de la naturaleza sean efectivos en términos ambientales, y mucho menos en cuanto a los aspectos sociales” (S. Aguiar)
“Nos interesaba saber cómo había sido el desempeño de los IEBMC en la práctica, ya que hasta ahora sus alcances no pasaban de un debate teórico. Después de buscar y seleccionar con mucho cuidado en bases de datos de acceso público, estudiamos 60 proyectos en los que se usan o usaron estas herramientas en América Latina. En cada caso determinamos cuán efectivos habían sido en cuanto al cumplimiento de sus objetivos ambientales, y si habían resultado equitativos en términos sociales. Encontramos que sólo el 43% fue ambientalmente efectivo y que apenas el 17% demostró ser socialmente equitativo”, señaló Sebastián Aguiar, docente de la Cátedra de Ecología de la FAUBA.
“Encontramos que la inequidad social fue muy elevada. La caracterizamos en varias dimensiones. Una fue el acceso de las comunidades a los proyectos, ya que al no tener el título de su propiedad, muchas personas no pueden acceder a las compensaciones. También evaluamos su inclusión en la toma de decisiones, porque en muchos casos las ONG o los organismos estatales les indican a las comunidades qué acciones deben llevar a cabo, sin la posibilidad de definir en conjunto los objetivos. Por último, también analizamos la distribución de los costos y los beneficios de estos proyectos”, dijo Aguiar, cuyo trabajo (junto a dos colaboradores más) fue publicado en la revista Ecología Austral.
La evaluación de las experiencias de conservación de servicios ecosistémicos en América Latina está limitada a menudo por la cantidad y la calidad de la información disponible. Foto: www.environmentmagazine.org
Sebastián, quien también es becario doctoral del Conicet, advirtió sobre la baja cantidad y calidad de la información disponible sobre el monitoreo y la evaluación de los proyectos. “La efectividad y la equidad son parámetros básicos. Nos llama la atención que muchos organismos hoy promueven los IEBMC pese a tener poco sustento en la información, que suele ser escasa o de baja calidad, o directamente inexistente. Esto, junto con la ausencia frecuente de situaciones de control, limita mucho el alcance de las experiencias y la posibilidad de hacer inferencias”.
“También encontramos que no había relación entre la efectividad y la equidad. A priori, pensábamos que los proyectos más equitativos desde lo social iban a ser más efectivos en términos ambientales, y que esto atraería a más personas a participar de los IEBMC. Pero no ocurrió así. Y tampoco detectamos relaciones fuertes con otras variables que medimos. Esto indica que no existe un único arreglo institucional que asegure un buen desempeño de estos instrumentos”, puntualizó Sebastián.
Una nueva herramienta en la caja
Los IEBMC surgieron en la década del ’80, pero se difundieron ampliamente en los últimos diez años, tanto en la literatura científica como en la de gestión de RRNN. En este sentido, Aguiar manifestó: “Si bien no son la única alternativa para gestionar los RRNN, actualmente los gobiernos, las ONG y diferentes tipos de organismos internacionales promueven mucho los IEBMC. Algunos académicos y tomadores de decisiones los consideran una panacea porque, argumentan, constituirían la alternativa más eficaz en comparación con otras promovidas desde el Estado, como el establecimiento de áreas protegidas, además de ser económicamente más eficientes”.
¿Cómo funcionan estos nuevos instrumentos? Sebastián lo explicó con un ejemplo: “En varias regiones andinas de América Latina, los productores de las cuencas bajas están recibiendo menos agua y de menor calidad, lo que depende de los usos de la tierra aguas arriba. La conservación por medio de pagos propone compensar a las personas de la cuenca alta para que cambien su forma de usar la tierra. Entonces, si en las zonas elevadas la ganadería, por ejemplo, afecta el recurso agua, y si allí los productores ganan al año, supongamos, 100 U$S/ha por esa actividad, la compensación económica para que dejen de realizarla debe igualar o superar ese ingreso”.
Muchos de los IEBMC en Latinoamérica son para regular el uso de la tierra en las zonas altas de cuencas hidrográficas. Ciertos tipos de usos afectan negativamente la cantidad y calidad del agua del cual dependen los usuarios de la zona baja de la cuenca. Foto: gentileza del investigador.
“Pero hay que ser cautelosos —agregó el investigador—. Si la ganancia que obtienen de su actividad productiva cambia año a año, algo bastante frecuente, el precio de los SE también se modifica. Esto sucede porque ese precio se establece según lo que en Economía se conoce como el costo de oportunidad de las actividades productivas, es decir, el precio de la mejor opción productiva que no se realiza. En última instancia, esto complica la conservación de la naturaleza, ya que la provisión de los SE pasa a depender de los vaivenes de los mercados”.
¿Comprar y vender naturaleza?
Para Aguiar, la idea de que la naturaleza brinda una serie de beneficios a la sociedad en forma de SE está ganando un gran interés en la ciencia internacional y también entre los responsables políticos. Si bien los IEBMC se están imponiendo como una herramienta ineludible a la hora de planificar el manejo de los RRNN, no existirían opciones incuestionables en el diseño de políticas efectivas para preservar el ambiente y equitativas en lo social.
En muchos casos los instrumentos económicos para la conservación de la naturaleza son implementados en sitios donde no se tienen en cuenta las necesidades, costumbres y tradiciones de las comunidades locales. Foto: gentileza del investigador.
“La tendencia mundial marcha hacia resolver los problemas ambientales dentro del dominio de la Economía. En parte, esto podría deberse a que algunos creen que las medidas que toman los gobiernos para asegurar la conservación de la naturaleza —leyes ambientales o áreas protegidas— son escasas o poco eficientes, y la lógica detrás de esto es que ponerle precio a algo hace que su uso sea más eficiente. Es decir, saber cuánto vale algo hace que se lo pueda conservar por ese precio. El problema clave es cómo le asignamos el precio, si ese precio está bien puesto y, por último, si es éticamente adecuado ponerle precio a la naturaleza”, afirmó con preocupación Sebastián.
En ese sentido, el investigador mencionó que a lo largo de la historia de la humanidad se le puso precio a una enorme cantidad de cosas. Sin embargo, eso no mejoró necesariamente su asignación. Y a modo de reflexión agregó: “Por ejemplo, los salarios son el precio del trabajo que realizan las personas, pero eso no garantiza ni el pleno empleo ni buenas condiciones laborales”.
Mejores instrumentos para la Argentina y el mundo
En la Argentina, las IEBMC no están muy difundidas aún. En el Chaco, gracias a la Ley de Bosques existe un fondo de compensación. Foto: ambiente.gob.ar
En cuanto a nuestro país, Aguiar sostuvo que no hay ejemplos claros de pagos para conservar la naturaleza. “La Ley de Bosques tiene un fondo de compensación, pero no podemos afirmar que sea un verdadero pago a los productores por manejar sustentablemente sus RRNN. En el Chaco, los propietarios presentan un proyecto para realizar mejoras en sus predios, como alambrar, por ejemplo. Luego, el Gobierno, a través de las autoridades provinciales de bosques, les otorga los fondos. Pero no estamos seguros de considerarlo un pago por conservar los SE porque económicamente es insuficiente y porque para definirlo no se cuantificaron realmente los SE que el bosque provee”.
“Muchos ya se preguntan qué herramientas quedan en la caja para asegurar la conservación de los RRNN o los territorios rurales. Las estatales suelen aparecer como muy verticalistas, mientras que las ONG a menudo priorizan el componente ambiental y descuidan otros aspectos de la sustentabilidad. Pensamos que crear estrategias mixtas que incluyan a universidades y otros actores de ciencia y técnica permitiría generar más y mejor información en el futuro. Esto mejoraría el diseño e implementación de políticas ambientales, y reduciría los conflictos de interés en torno a ellas. Creo que hay seguir buscando y desarrollando nuevas alternativas y estrategias”, concluyó el investigador.
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