La Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) está capacitando a comunidades wichís del este de la provincia de Salta en el uso de imágenes satelitales para alertar sobre el avance temprano de desmontes, prohibidos por la Ley de Bosques desde 2008. Esta región del Chaco Semiárido, que involucra a las provincias de Chaco y Santiago del Estero, concentra el 90% de la deforestación total del país.
El objetivo es realizar un seguimiento y mapeo de los desmontes e incendios en conjunto con los pueblos originarios y criollos afectados, a través de tecnología y herramientas informáticas. Esta información permitiría realizar acciones concretas en defensa del patrimonio natural y cultural de un grupo social vulnerable.
“No estamos ayudando a que las comunidades solucionen un problema reciente, sino uno que tiene una historia de 500 años de postergación”, afirmó José Paruelo, director de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA, desde donde se impulsa la iniciativa. “En nuestra carrera trabajamos sobre problemas. Los desmontes y sus consecuencias son un problema agudo que enfrentamos y las imágenes satelitales son una herramienta útil para describirlo y entenderlo”.
El trabajo incluye la participación de 20 estudiantes de grado y posgrado, que además de Ciencias Ambientales abarcan a la carrera de Agronomía y a otras facultades de la UBA. El grupo comenzó sus actividades hace tres años, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación prohibió los desmontes en cuatro departamentos de Salta (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria), debido a una presentación de los pobladores, dado que allí se estaban registrando las tasas de desmontes más altas de la historia argentina, en momentos previos a la sanción de la Ley de Bosques.
Para comienzos de la década actual, Salta ya había perdido el 25% de sus bosques nativos existentes a fines de los ´70, corridos por la expansión agrícola y afectando a pueblos originarios y criollos. “Las comunidades necesitaban reunir evidencias sólidas del problema, que es gravísimo por la perdida del bosque y por la situación en la que quedan, aisladas y sin acceso al agua”, dijo Paruelo.
“A partir de ahí nos involucramos más, teniendo en cuenta las consecuencias ecológicas, ambientales, sociales, económicas e institucionales del proceso”, explicó, y recordó que en 2008, este equipo de la FAUBA ya había desarrollado un estudio sobre los lineamientos básicos que debería tener una evaluación de impacto ambiental acumulativo de la tala y el desmonte, presentado ante la Corte Suprema.
El grupo de trabajo visitó tres comunidades donde los satélites evidencian nuevos desmontes, pese a estar prohibidos
El objetivo de esta segunda etapa de trabajo se concentró en la realización de un sistema de monitoreo que detecte los desmontes en tiempo real y que pueda ser gestionado por las comunidades afectadas. Para ello se hicieron alianzas con la ONG Asociana y la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), y también se accedió a financiamiento de la UBA (mediante proyectos de extensión UBANEX), del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y del CONICET.
En noviembre de 2011 y junio de 2012, el grupo de trabajo, coordinado por María Vallejos, docente de la FAUBA y becaria de CONICET, visitó tres comunidades del departamento de San Martín (San José, Cuchuy y Corralito), donde los satélites siguen mostrando evidencias de nuevos desmontes, pese a estar prohibidos, y trabajaron con los referentes locales durante una semana en el manejo de la información que iba a generar ese sistema de monitoreo.
“La idea era mostrarles el trabajo que se hacía desde la facultad, con la digitalización de cada desmonte. La respuesta fue muy positiva. La gente quería aprender y tener evidencias para presentar ante la Justicia. Ellos se ubicaron en seguida en los mapas, marcaron los puntos de agua, localizaron al resto de las comunidades y los lugares donde hacen uso del monte”, dijo María Lujan Lipera, licenciada en Ciencias Ambientales y parte del equipo de investigadores que viajó a Salta, junto a Laura Bustamante, quien señaló que también estuvieron trabajando sobre este tema en Bolivia y Paraguay.
“La iniciativa fue exitosa. Vamos a seguir viajando”, agregó Paruelo. Y adelantó: “Estamos terminando de armar un portal en Internet dónde volcamos la información, con un sistema de semáforos de desmontes, que va a estar disponible para todas las comunidades y las ONG, para que ellos sean quienes observan el terreno cuando se prende una luz amarilla”.
Una deuda pendiente
Paruelo advirtió sobre la difícil situación que viven las comunidades wichís: “Han sido despojadas de su cultura, de su medio de vida, de sus valores, y ahora esos problemas se agudizan porque hay una presión enorme por la tierra. Eso implica un desplazamiento de las comunidades a centros urbanos, con los problemas asociados a un cambio extremo del modo de vida, en muchos casos no deseado”.
“Para los que quedan en el monte, es una situación de precariedad extrema. Es un lugar muy difícil para vivir. Cuando el avance de la agricultura elimina el monte, no hay donde cazar, se cierran tranqueras y se restringe al acceso al agua. Las comunidades dependen del agua ubicada en poblaciones que puede estar a 40 km, y no tienen donde almacenarla o a veces lo hacen en bidones de agroquímicos”.
“A eso se suman los problemas que tienen que ver con salud y educación. Tenemos muchos compatriotas que no tienen posibilidad de acceder a una escuela, y es un problema muy grave y de difícil solución si no hay una decisión muy fuerte del sector gubernamental, que implica regulaciones, asistencia, dinero y pensar atendiendo a las carencias, a las diferencias culturales, los deseos y la historia de la gente local”, concluyó.
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