La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) elaboró un informe que aporta elementos conceptuales y metodológicos necesarios para la realización de una evaluación del impacto ambiental acumulativo de la tala y el desmonte en el este de la provincia de Salta.
La iniciativa surgió a partir del proceso de expansión agrícola que experimentó el NOA en los últimos años, a expensas del desmonte de los bosques xerofíticos, y que se aceleró a fines de 2007, frente a la inminente sanción de la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos.
Ante esta situación, los pueblos originarios y criollos, que vieron vulnerado su derecho a un ambiente sano y apto para su desarrollo, presentaron un recurso de amparo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte hizo lugar a la medida cautelar y ordenó, de manera provisional, el cese de desmontes y talas autorizados en el último trimestre de 2007 en bosques nativos en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. Además, intimó a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y a la provincia de Salta a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativo.
La pérdida de bosques nativos en Argentina es un proceso que se aceleró exponencialmente en los últimos 10 años.
En este contexto surge la elaboración de un informe que aporta elementos conceptuales y metodológicos necesarios para realizar la evaluación, a partir del trabajo de un equipo de investigadores, docentes y estudiantes de la UBA, el INTA y el CONICET, coordinado por José Paruelo, director de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA e investigador principal del CONICET.
El documento se presentó al tribunal como “Amicus Curiae” (amigo de la corte) para que se incorpore al expediente, y se dio a conocer recientemente en la FAUBA, durante una jornada en la cual también participaron representantes de ONGs y de organismos públicos, investigadores y miembros la Mesa de Tierras, cuyas organizaciones, que nuclean a pobladores aborígenes y criollos, fueron las que presentaron el recurso de amparo.
La apertura de la jornada estuvo a cargo de Lorenzo Basso, decano de la FAUBA, quien destacó la importancia de esta investigación sobre el desmonte, en el marco de un proyecto de ordenamiento territorial que lleva adelante la Facultad de Agronomía, indispensable para el desarrollo productivo del país.
Principales conclusiones
Según datos de la Dirección de Bosques de la Nación, la pérdida de bosques nativos en Argentina es un proceso que se aceleró significativamente en los últimos 10 años. Mientras que entre 1987- 1998 se deforestaba a una tasa de 180.000 ha/año, en el período 1998-2002 se incrementó a 235.100 ha/año.
De acuerdo a información recientemente elaborada por INTA Salta, a partir del uso de satélites, en los últimos 30 años se desmontó el 26% del total de bosques existentes a fines de los ’70. En tanto, a fines de 2007 se registra el valor más alto de la historia con una tasa de desmonte de 2,1% anual, momento en el cual se sancionó la Ley 26.331.
Según el documento presentado por la FAUBA: Está justificada la invocación del principio precautorio para suspender la tala y el desmonte hasta tanto se desarrollen evaluaciones específicas y planes de manejo adaptativo que contemplen el mantenimiento de un dado nivel de provisión de los servicios ecosistémicos, un plan de seguimiento de los Servicios Ecosistémicos (SE) bajo distintos niveles de intervención, las posibilidades de restauración de servicios y mecanismos de control y ajuste.
“Una evaluación objetiva de los impactos acumulativos de las talas y los desmontes debería poner foco en los denominados Servicios Ecosistémicos (SE) Intermedios, de los cuales se derivan beneficios directos para los distintos actores sociales (provisión de alimento, combustibles, control de inundaciones, etc). Para el caso de la región chaqueña en general y el Este de Salta en particular, los SE a considerar deberían incluir el balance de C y energía, la dinámica del agua y los nutrientes y la estructura del paisaje”, indica el documento.
Además, allí se afirma que el sistema de Ciencia y Técnica nacional cuenta con la capacidad, entrenamiento y equipos necesarios para generar una evaluación cuantitativa de estos servicios.
El informe también hace hincapié en las consecuencias sociales de la tala y el desmonte, como un elemento crítico. “Los cambios en el nivel de provisión de servicios ecosistémicos sugieren que los beneficios que de ellos obtienen las poblaciones locales (pueblos originarios y “criollos”) se verán seriamente afectados”, asegura.
En tanto, advierte: “Desconocer la importancia del sector agropecuario en Argentina es una necedad, no advertir acerca de los riesgos de la falta de regulación y controles efectivos sobre cómo se usan los recursos naturales es otra. La sociedad toda se debe una discusión acerca de cómo dotar al Estado de los instrumentos que regulen las consecuencias de las decisiones privadas sobre los recursos naturales”.
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