(SLT-FAUBA) Durante una jornada organizada en la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) para debatir sobre el financiamiento a la Ciencia y la Tecnología en la Argentina, un grupo de científicos manifestó una gran preocupación por el recorte presupuestario que se está registrando en la Argentina y por el futuro de los investigadores.
Según Ana Franchi, investigadora superior del Conicet y directora del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos, CEFYBO (Conicet – UBA), en los próximos días unos 600 becarios del Conicet recibirán un telegrama anunciando su discontinuidad en el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en el país.
“¿Con qué quieren reemplazar a la ciencia, cuando le quitan el apoyo del Gobierno?”, se preguntó Eduardo Dvorkin, profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la UBA y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Física y Naturales. “El emprendedorismo, que promueven desde diferentes organismos, no es una alternativa viable. Así no progresan los países. Están cerrando las pymes y el sistema de Ciencia y Tecnología está en riesgo de morirse de inanición”, alertó.
Según Diego Hurtado, profesor de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y miembro del Directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT), el plan “Argentina Innovadora 2020”, impulsado por el ministro Lino Barañao desde 2012, correspondía a un modelo de país que valorizaba a la ciencia. “Ahora nos dicen que el Conicet es inviable, así como el crecimiento del INTA, del plan nuclear y de los satélites propios”, advirtió.
Franchi, Dvorkin y Hurtado son miembros del grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA), constituido a comienzos de 2016. Ayer el grupo emitió un comunicado donde expresa que el menor número de ingresantes a la carrera del investigador científico y tecnológico es el menor de la última década y retrotrae al Conicet a los niveles anteriores al año 2004.
Los científicos fueron invitados por el espacio Autoconvocados Agronomía UBA a participar de un debate moderado por José Paruelo, profesor titular de la FAUBA e investigador superior del Conicet. Este evento contó con el aval institucional del Consejo Directivo de la FAUBA, y con la presencia de las autoridades y un nutrido número de docentes e investigadores.
Cantidad de ingresos a la carrera de investigador del Conicet por año. (Fuente: Grupo CYTA, sobre datos del Conicet). La curva azul muestra la serie histórica. La curva roja muestra la proyección suponiendo un crecimiento del 10% anual de los miembros de la carrera del investigador.
Un recorte de 60%
En los últimos 12 años el Conicet se convirtió en uno de los principales organismos del Estado argentino: Durante este período triplicó la cantidad de sus investigadores (que hoy son cerca de 9400) y de becarios (actualmente unos 10.000), además de contar con 4200 técnicos y administrativos. Estas cifras sólo son superadas por las Fuerzas Armadas.
En 2017 van a entrar menos de 400 jóvenes a la carrera de investigador (385 contra 943 del año anterior), dijo Franchi.
El crecimiento del Conicet respondió a los lineamiento del plan “Argentina Innovadora 2020”, desde donde se impulsó un aumento anual de 10% en la cantidad de ingresantes a la carrera científica. Con ello se esperaba equiparar a la Argentina, en materia de Ciencia y Técnica, a los países desarrollados, donde tienen ocho investigadores cada 1000 habitantes, respecto los tres con los que cuenta hoy nuestro país.
Ante las elecciones presidenciales de 2015, todas las plataformas de los partidos políticos propusieron, como mínimo, destinar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a actividades de ciencia, tecnología e innovación, tal como lo recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El entonces candidato por Cambiemos, Mauricio Macri, incluso elevó esa propuesta a 1,5%. Pero las promesas no se cumplieron y, en cambio, se prevé concretar uno de los mayores recortes presupuestarios de las últimas décadas.
En efecto, el proyecto inicial enviado este año por el Ejecutivo al Congreso preveía un recorte de 4,3 mil millones de pesos para el sistema de CyT. “Gracias a la movilización de toda la comunidad científica, universitaria y de los medios de comunicación, se recuperaron 1200 millones de pesos. Pero ese número no alcanza”, dijo Franchi, quien también es presidenta de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCyT).
Uno de los principales impactos del recorte recaería sobre el ingreso de jóvenes a la carrera de investigador. “En los peores momentos de la historia del país (en los años ´90 y principios de 2000), las becas del Conicet aseguraron un salario mensual que sostuvo a la ciencia en la Argentina”, recordó Franchi.
Con el Presupuesto Nacional votado en el Congreso, advirtió que en 2017 van a entrar menos de 400 jóvenes a la carrera de investigador (385 contra 943 del año anterior), equivalente a un recorte de 60%. “Unos 600 jóvenes van a recibir un mail donde se les informará que van a dejar de cobrar la beca posdoctoral -lamentó-. Sólo en salarios, equivale a una inversión de 2 millones de pesos por parte del Estado. Estos jóvenes hicieron sus doctorados durante cinco años, sumado a otros dos o tres años de becas pos doctorales y, probablemente, serán la exportación más importante y especializada del país”.
“Tenemos que resistir estas políticas, porque el ajuste no sólo va a impactar fuertemente el año que viene, sino también a largo plazo. Es lo mas preocupante”, afirmó.
Los científicos fueron invitados por el espacio Autoconvocados Agronomía UBA. El debate fue declarado de interés institucional del Consejo Directivo de la FAUBA, y contó la presencia de las autoridades y numerosos docentes e investigadores.
Complejizar la producción
“Bajarle el precio a la ciencia se corresponde con un modelo de país”, consideró Dvorkin, quién denominó al proyecto del actual Gobierno como “neoliberal periférico y conservador”. Además, señaló que mientras las actividades beneficiadas están en manos de pocas multinacionales, las pymes argentinas sólo van a quedar como sus proveedoras.
“Cuando nuestros jóvenes realmente estaban haciendo tecnologías de punta, la Argentina decide cambiar de rumbo”, señaló Dvorkin.
“Debemos complejizar la producción argentina. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), hoy existe una diferencia de 2,5 veces entre las importaciones y las exportaciones de nuestro país. Por eso, más que entrar en la lógica de las multinacionales, tendríamos que compensar la producción con el aporte de los científicos y, como se hizo en la última década, continuar con la fabricación de radares, satélites, centrales atómicas y aviones, por ejemplo”, dijo Dvorkin al destacar la construcción de los satélites Arsat-1, 2 y 3, así cómo Atucha II, que consideró una epopeya, y lamentar que en muchos casos, como los aviones, se estén sustituyendo su fabricación por importaciones.
“En 1974, cuando me recibí de ingeniero, hacíamos tecnologías del siglo XIX. La década del ´90 fue una de las más desastrosas. Y ahora, cuando nuestros jóvenes realmente estaban haciendo tecnologías de punta, la Argentina decide cambiar de rumbo”, señaló el investigador, y subrayó que “en los países de alto nivel de desarrollo industrial, como EE.UU., Japón y la Unión Europea, el Estado ocupa un rol fundamental en el desarrollo de tecnologías innovadoras, que realmente provocan cambios”.
Un proyecto de vida
“Lo que pasó en la Argentina entre 2003 y 2015 en el campo de Ciencia y la Tecnología fue lo mejor desde 1810”, opinó Hurtado, al referirse, entre otras cosas, al crecimiento del Conicet, que pasó de contar con 3500 investigadores y 2300 becarios, a 9300 y 10.200, respectivamente. “Las políticas públicas de nuestro país le dijeron a estos jóvenes que podían comprometerse con la ciencia como un proyecto de vida”, afirmó.
Hurtado alertó sobre el incumplimiento de leyes aprobadas por el Congreso relacionadas con la producción pública de medicamentos, los satélites y las energías renovables.
Además del probable despido de estos jóvenes, Hurtado alertó sobre el incumplimiento de leyes aprobadas por el Congreso relacionadas con la producción pública de medicamentos, los satélites y las energías renovables. “No sólo se está desinvirtiendo, y se clausura la etapa de crecimiento del Conicet, del INTA y del INTI, sino que también se está incumpliendo con las leyes que abren más espacios en el campo científico tecnológico”.
En este sentido, detalló: “En salud pública, en 2015 se aprobó la creación de la Agencia Nacional de Laboratorio Público. La Ley supone un desembolso de 150 millones en 2016 para coordinar unos 40 laboratorios públicos y regular los medicamente de mayor consumo. Hoy esto se esta desmantelando”.
“El Gobierno también podría tomar el desarrollo del satélite Arsat-3, continuarlo y anotarse el capital simbólico que significaría poner en órbita un tercer satélite de telecomunicación y crear una gran plataforma de negocio. Sin embargo optan por la política de cielos abiertos”.
“En el campo de las energías renovables, se legisló que para 2017 la Argentina debía incorporar un 8% de energías renovables a la matriz primaria energética y crear un fideicomiso para incentivar la industria nacional. Sin embargo, este Gobierno decidió invertir 1,8 millones de dólares en una licitación para mil megawatts de energía limpia, de los cuales 600 van a la industria eólica. La industria nacional fue excluida de los pliegos de licitación; sólo va a entrar en algunas zonas marginales”.
“La inversión publica debe generar efectos multiplicadores como los casos exitosos de la política nuclear. Si caen la industria, las inversiones en salud y en energía, no va a haber proyecto viable”, finalizó.
El sistema científico responde
Según Paruelo, “el sistema científico responde sin ninguna imposición a una demanda que se genera desde el Estado y, a su vez, a la demanda social”.
“En nuestro ámbito, de las ciencias ambientales, también hay ejemplo de políticas publicas que traccionan y estructuran el sistemas de CyT, como la Ley de protección de bosques nativos, que se sancionó en 2007 y se reglamentó en 2009”, añadió Paruelo. “Esa Ley generó una agenda para la generación de conocimiento y estableció vínculos virtuosos entre el sistema de Ciencia y Técnica, la universidad, el Conicet, el INTA y los gobiernos de las provincias. Eso es mérito de haber generado el ambiente en el cual esas oportunidades aparecen”.
“Eso se tradujo en políticas concretas de financiamiento de la ciencia. Los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO), dirigidos a solucionar problemas que derivan de querer implementar la Ley de bosques, son un clarísimo ejemplo de cómo el sistema científico responde sin ninguna imposición a una demanda que se genera desde el Estado y, a su vez, a la demanda social”, concluyó.
Si bien no corresponde al tema central del articulo, y sin ser del sector eólico, me gustaría hacer un comentario sobre algunas afirmaciones del Dr. Hurtado con las que no coincido y que me gustaría mencionar para aquellos interesados en la discusión del desarrollo de las energías renovables en la Argentina.
Cuando menciona que “La industria nacional fue excluida de los pliegos de licitación (eólica); sólo va a entrar en algunas zonas marginales” considero que la baja participación de la industria local (básicamente en la fabricación de los molinos eólicos) en esta licitación no fue por un exclusión explicita en los pliegos, sino porque la capacidad de producción nacional es muy pequeña y por esa razón seria imposible que con los niveles actuales de producción se abastezca a la capacidad de generación que se licitó. Hasta donde tengo conocimiento, en los pliegos de licitación se pondera positivamente el % de industria local, y eso se planteo en varias discusiones previas a las sanción de la ley Guinle en 2015 a las que pude asistir.
Si la limitante es que tenemos una industria pequeña, surge la cuestión de si hay que esperar a que esta industria se desarrolle, para que luego se desarrolle la generación eólica en la Argentina, o la otra opción, hacer crecer la generación eólica y junto a eso impulsar el desarrollo la industria local, que creo fue la apuesta en este caso, ya que la posibilidad de generación eléctrica con molinos eólicos no se agota con esta licitación ni remotamente.
Ademas, el mecanismo de fideicomiso que propone le ley que propuso el senador Guinle, no es para el desarrollo de la industria nacional, sino para que se cumpla el 8% de generación eléctrica con renovables que proponía la ley de biocombustibles, sancionada en 2007, y que para el 2015 se había hecho muy poco en ese punto especifico, ya que el porcentaje era cercano al 1%. Si bien se trata de priorizar la participación de la industria local, también estuvo presente el antecedente de Brasil, que eran muy exigente en cuanto el % de participación de industria local, y que al no poder cumplirse, generaron grandes demoras en el crecimiento de la capacidad eólica instalada.